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Las alianzas criminales de Coca-Cola
En las cinco plantas que tienen las filiales de Coca-Cola en el país laboran 8.700 empleados. De ellos el 70% son temporales que ganan menos del salario mínimo a cambio de 16 horas de trabajo diario. Este personal subcontratado es sometido a toda clase de humillaciones.
El Espectador
14 de octubre de 2006
Las alianzas criminales de Coca-Cola
Iván Cepeda Castro

Desde hace 23 años, Luis Javier Correa es trabajador de la multinacional
Coca-Cola en Colombia. También es el presidente del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Sinaltrainal. Un día de 1987
decidió ingresar a la organización. En la noche, cuando llegó a la casa encontró a sus hermanos y su esposa reunidos con el jefe de recursos humanos de la empresa. Había venido a advertirles que pertenecer al sindicato era peligroso. Como no se dejó amedrentar,
sus días en la embotelladora se convirtieron en un infierno. Al llegar a la
compañía los guardias de seguridad comunicaban su presencia. En ocasiones lo
seguían hasta su puesto de trabajo y lo escoltaban cuando iba al baño. Lo
vigilaban además con cámaras instaladas en toda la planta. Cualquier excusa
motivaba castigos, como cuando quiso dejarse la barba y fue sometido a aislamiento
por varios días. Después comenzaron a hostigar a quienes se relacionaban con él.
Los trabajadores que hablan con miembros del sindicato, o consultan la cartelera
sindical, son llamados por los jefes e intimidados. En 1996, Luis Javier y otros de
sus compañeros fueron acusados de terroristas, pero el montaje judicial no
prosperó.

En las cinco plantas que tienen las filiales de Coca-Cola en el país laboran
8.700 empleados. De ellos el 70% son temporales que ganan menos del salario mínimo a
cambio de 16 horas de trabajo diario. Este personal subcontratado es sometido a toda
clase de humillaciones. No tienen derecho a sindicalizarse, y los que se dedican a las
ventas están obligados a cumplir cuotas diarias si no quieren perder el empleo.
Algunos optan por endeudarse y pagar con su dinero la mercancía sobrante.

En 1996, en el municipio de Carepa, Antioquia, un grupo paramilitar ingresó a la
embotelladora, asesinó al líder sindical Isidro Segundo Gil y reunió a los
empleados para decirles que si no liquidaban el sindicato los iban a matar. En horas de la tarde, los paramilitares volvieron e intentaron secuestrar a otro sindicalista que logró huir.
Esa misma noche saquearon e incendiaron la sede de Sinaltrainal. El gerente de la planta
en Carepa, Ariosto Mosquera, había amenazado públicamente a los sindicalistas
diciéndoles que tenía listos a los paramilitares para asesinarlos. Ni el comandante de la
brigada del Ejército, Rito Alejo del Río, ni el gobernador de Antioquia de ese entonces,
Álvaro Uribe Vélez, emprendieron acciones en el caso. Los sindicalistas debieron renunciar y
salir de la región. En febrero de 1999, la revista Cambio publicó un extenso reportaje en
el que informaba que Rubén Darío Salazar, un alto ejecutivo de la compañía, se había
reunido con los jefes paramilitares Ramón Isaza y Carlos Castaño. De tiempo en tiempo en los baños de todas las plantas del país aparecen mensajes firmados por las AUC amenazando a los líderes sindicales.
En días pasados un tribunal de los Estados Unidos absolvió a la multinacional de
los cargos por violaciones a los derechos humanos en Colombia. No obstante, ese es
apenas un episodio del largo proceso judicial que continuará. Mientras tanto, van
cinco universidades en Estados Unidos que ponen fin a los contratos con Coca-Cola por
sus vínculos con los grupos paramilitares colombianos.

***

Arturo Alape es uno de los grandes creadores de la memoria humanista en
Colombia. En sus últimos meses de vida, además de las penalidades que le causó la enfermedad, tuvo que librar una batalla jurídica con su EPS para adquirir los medicamentos que necesitaba.
Otra más de las infamias del sistema privado de “salud”. Queda su obra literaria
como testimonio de verdad histórica.





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